Las directivas de la Universidad Metropolitana advirtieron sobre los riesgos que para la institución representa el reintegro a su cargo de que fue objeto el Fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, quien se encuentra imputado por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal en una de las denuncias interpuestas por la familia Acosta en contra de servidores judiciales.

Orozco Pertuz fue cobijado con medida de aseguramiento decretada el 18 de enero de 2021 por el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, Venancio García - Solis Solis, tras ser capturado en un operativo realizado en diciembre de 2020.

Seguidamente, el 22 de enero de 2021 fue suspendido del cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito de Barranquilla, mediante Resolución 2-0092 emanada por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

Recientemente, Orozco Pertuz recuperó la libertad por vencimiento de términos, al igual que los jueces Rafael de Jesús Uribe Henríquez y Alberto Oyaga Machado, investigados por los mismos hechos.

Frente a esta decisión las directivas de la Universidad Metropolitana sostienen que “la recuperación de la libertad no significa que el juicio haya culminado. Las pruebas que pesan contra ellos son sólidas. En nuestra condición de víctima, la Universidad confía plenamente en que se hará justicia contra las personas que, valiéndose de sus investiduras, se prestaron para el menoscabo de la integridad de este centro académico”.

Por ello, los directivos de Unimetro manifestaron que “con profunda preocupación la Universidad ha sido enterada de que el pasado 17 de junio el subdirector encargado de Taleno Humano de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución 2-0743, reintegró al Fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertuz a sus funciones, contraviniendo lo ordenado por el Juez que decretó la medida de aseguramiento en contra de dicho servidor”.

Advierten que “como víctima en este proceso, se llama la atención de esta desconcertante decisión dado que, además de desconocer la orden emitida por un Juez de la República, pone en grave riesgo la integridad de la Universidad y sus derechos”.

En efecto, en su decisión del 18 de enero de 2021 el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, Venancio García-Solis Solis sentenció: “para que se cumplan los fines de la medida como lo había solicitado la Fiscalía y que garantice a la sociedad el cumplimiento de los fines: imponerles a los asegurados la medida no privativa de la libertad de la prohibición de acudir a sus despachos donde laboran, ya sea de manera presencial o virtual; medida descrita en el numeral seis del mismo artículo mencionado”.

En este sentido el Juez se refiere al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal que en su numeral 6 señala “la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares”.

Esta decisión fue comunicada por el Juez al INPEC para lo de su cargo, y así mismo a la Presidencia del Tribunal Superior de Barranquilla y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, para lo que les compete.

“Se hace un llamado urgente para que la Fiscalía General de la Nación revise la decisión adoptada a favor del acusado Orozco Pertuz. Advertimos sobre los riesgos que se ciernen contra esta institución por cuenta del reintegro de ese cuestionado servidor”, insistieron los directivos de Unimetro.

Argumentan que en diciembre de 2020 fueron capturados los jueces Rafael de Jesús Uribe Henriquez y Alberto Oyaga Machado, al igual que el Fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertuz a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de prevaricato por acción n y fraude procesal.

Los directivos de la Unimetro recordaron que en la audiencia de imputación y formulación de medida de aseguramiento “quedó plenamente establecido que los funcionarios capturados se prestaron para perseguir ilegalmente a la Universidad Metropolitana”.

Fue entonces cuando se decretó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad con detención domiciliaria. 

“En la decisión el juez de control de garantìas fue claro al decir que en aras de garantizar los derechos de las víctimas, ni los jueces ni el Fiscal capturados podrían acercarse a sus despachos, dado que la persecución desatada se hizo en virtud de su calidad de funcionarios adscritos a la Administración de Justicia”, reiteraron.

No obstante, el pasado 15 de junio los tres acusados recobraron la libertad por vencimiento de términos.

Tras el reintegro del Fiscal, los directivos de la Universidad consideran que es un hecho “que atenta con nuestros derechos que tenemos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición”.

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La Resolución del reintegro al Fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertuz. by Zonacero on Scribd